La difícil situación que atraviesa el sector constructor y la falta de liquidez en los mercados financieros han abocado al grupo gallego Alcuba a acogerse al proceso concursal, la antigua suspensión de pagos. La noticia no se conoció hasta ayer, aunque la dirección de la compañía presentó toda la documentación en el juzgado el martes pasado, de acuerdo con la información facilitada ese mismo día a la plantilla. Posiblemente lleve el caso Pablo González Carrerón, el juez de lo mercantil que se encarga también de la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa.
Alcuba, con sede social en el municipio coruñés de Culleredo, es una de las empresas de obra pública más importantes de Galicia (esta partida absorbe el 97% de su facturación), aunque en los últimos tiempos también ha entrado en el sector de la promoción privada de viviendas. El volumen de negocio de la compañía se situó en torno a los 80 millones de euros en el 2007, año en el que su plantilla ascendía a 200 trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con los datos recogidos por el Ardán, la empresa ya había comenzado a notar en años anteriores un descenso de su actividad. Así en el 2006 su facturación alcanzaba los 88 millones de euros y daba empleo a 216 personas, mientras que en el ejercicio precedente las cifras se elevaban a 96 millones y 241 trabajadores.
Fuentes próximas a la compañía explicaron ayer que una de las causas que ha llevado a la empresa coruñesa a suspender pagos ha sido la ejecución de una obra en la Expo de Zaragoza que requirió una gran inversión y que todavía no ha cobrado. Posiblemente este haya sido el golpe de gracia a una difícil situación financiera que se había visto complicada por la evolución del subsector de la promoción. Ya en septiembre la empresa envió una carta a sus proveedores indicando que trabajaba con sus bancos para poner en marcha un plan de pagos
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