La hoja de ruta de Solbes solo habla de nivelar «los servicios fundamentales» entre las autonomías
El Gobierno ofrece ceder el 50% de los impuestos y «recursos adicionales» en función de la situación económica
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, presentó ayer las líneas generales que, a juicio del Ejecutivo, deberán marcar la futura negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. El ministro de Economía garantizó que ninguna comunidad perderá dinero con el nuevo modelo y que habrá financiación suficiente para ejecutar todas las competencias transferidas a las autonomías.
La hoja de ruta de la negociación que presentó Solbes se concreta en un documento titulado Bases para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas . Aunque se trata de un primer esbozo, el texto no resulta favorable para las tesis defendidas desde la Xunta. Se asegura que el Gobierno aportará «recursos adicionales para reforzar el Estado del bienestar», en función de las disponibilidades presupuestarias, con el objetivo de mejorar la capacidad de financiación de las comunidades. Pero se especifica que esos recursos «se distribuirán en función de la población y su evolución» que, según Solbes, ha aumentado de forma especial en Baleares, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Nada más. Es decir, no se tiene en cuenta la principal reivindicación de la Xunta de que además del aumento de población se recoja el factor corrector del envejecimiento y la dispersión de la población.
Solo si hay consenso
Solbes trató de minimizar ayer esa ausencia diciendo que la dispersión podría contar algo más de lo que ya recoge el actual modelo, pero solo si hay un consenso suficiente, algo que parece difícil ya que se trata de un problema que afecta fundamentalmente a Galicia y en menor medida a Asturias, pero no a las demás comunidades.
Desde el primer punto, el texto recoge, sin embargo, algunas de las reivindicaciones de la Generalitat de Cataluña, al menos en su aspecto formal. En el primer epígrafe se dice que el nuevo modelo garantiza la «suficiencia global» de financiación para todas las transferencias. Pero a continuación se especifica que habrá «garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales». La referencia a que la garantía se reduzca a los servicios básicos era una de las exigencias de Cataluña, que quiere limitar la solidaridad del modelo a garantizar el mismo nivel en todas las autonomías para la educación, la sanidad y los servicios sociales, pero no al resto de materias. Ayer, Solbes garantizó los mismos «servicios fundamentales» para todos los ciudadanos. Pero, a diferencia de la limitación que exige la Generalitat, explicó que habrá que delimitar qué servicios se consideran básicos. El Gobierno de la Xunta ya ha adelantado que no admitirá ningún recorte en el alcance de la solidaridad interterritorial previsto hasta ahora.
En lo que afecta a la recaudación de impuestos, Solbes ofreció la cesión a las comunidades del 50% del IRPF, el IVA, y los impuestos especiales, algo que ya recoge el Estatuto catalán que, en el caso de los tributos especiales eleva incluso el porcentaje al 58%. Aunque Solbes insistió en que las balanzas fiscales recién publicadas no decidirán el modelo, el documento presentado ayer indica que «se reconocerá el esfuerzo fiscal» de las autonomías y que se ampliará la participación y colaboración tributarias de las comunidades en el marco de una mayor coordinación con la Administración General del Estado.
La primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se discutirán estos principios se celebrará el 22 de julio.
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